La Comisión Europea ha aprobado el informe del Parlamento Europeo en el que se recuerda que las operadoras "no pueden restringir el acceso de los internautas ni los derechos fundamentales de los ciudadanos sin una autorización judicial previa" y descartan, de plano, imponerles labores de espía y permitirles enviar a sus usuarios cartas amenazantes al respecto.
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